Publicamos a continuación el Mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado a los participantes en la Asamblea de las partes de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO - International Development Law Organization) que se celebra hoy en Roma en el Ministerio de Asuntos Exteriores:

Señora Directora General,

Señor Presidente,

Excelencias,

distinguidos Delegados,

señoras y señores:

He aceptado con mucho gusto la invitación que me ha dirigido la Señora Directora General, en nombre de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), para dirigirme a la Asamblea de las Partes con motivo del cuadragésimo aniversario de su fundación. Deseo saludar cordialmente a todos los participantes en esta significativa reunión, rezando para que sus deliberaciones germinen en frutos que estrechen los lazos entre los pueblos, custodien nuestra casa común y tutelen los derechos de cuantos ven lacerada su dignidad.

Durante cuatro décadas esta Institución Intergubernamental se ha dedicado a la promoción del estado de derecho con el fin de avanzar hacia la paz y el desarrollo sostenible, alentando iniciativas variadas para hacer que la justicia sea accesible para todos, en particular para las personas más postergadas en la sociedad. La adhesión al principio de igualdad ante la ley, la prevención de la arbitrariedad, el avance de la accountability y la garantía de transparencia, la promoción de una participación justa en el proceso de toma de decisiones, la salvaguarda del principio de seguridad jurídica y el respeto al debido proceso, ambos desde un punto de vista sustantivo y procesal, son todos valores y criterios indispensables que se derivan del concepto general de estado de derecho y que, si se implementan, tienen el poder de conducir a la realización de la justicia. Y, conviene recordarlo, la justicia es la conditio sine qua non para alcanzar la armonía social y la fraternidad universal que tanto necesitamos hoy. Es también la virtud necesaria para la construcción de un mundo en el que los conflictos se resuelvan solamente de forma pacífica, sin que prevalezca el derecho del más fuerte, sino la fuerza del derecho.

Por desgracia, estamos lejos de alcanzar este objetivo. En la compleja y ardua coyuntura que vivimos, marcada por graves crisis interconectadas, se percibe dolorosamente el aumento de los enfrentamientos violentos, de los efectos cada vez más nocivos del cambio climático, de la corrupción y de las desigualdades. Por ello es más acuciante que nunca abogar por una justicia centrada en las personas con vistas a fortalecer sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

El estado de derecho nunca está sujeto a la más mínima excepción, ni siquiera en tiempos de crisis. La razón es que el estado de derecho está al servicio de la persona humana y pretende proteger su dignidad, y esto no admite excepciones. Es un principio. Sin embargo, no son sólo las crisis las que suscitan amenazas contra las libertades y el estado de derecho en el seno de las democracias. De hecho, se extiende cada vez más una concepción errónea de la persona humana, concepción que debilita su misma protección y abre progresivamente la puerta a graves abusos bajo la apariencia del bien.

En efecto, sólo la ley puede constituir el requisito previo indispensable para el ejercicio de cualquier poder y esto significa que los órganos gubernamentales responsables deben garantizar el respeto del estado de derecho, independientemente de los intereses políticos dominantes. Cuando la ley se fundamenta en valores universales, como el respeto a la persona humana y la protección del bien común, el estado de derecho es fuerte, las personas tienen acceso a la justicia y las sociedades son más estables y prósperas. Por el contrario, sin paz ni justicia, ninguno de los desafíos mencionados anteriormente puede ser resuelto. No olvidemos que «todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad» (Carta enc. Laudato si’, n. 91).

El estado de derecho puede desempeñar un papel esencial en la solución de las crisis globales al renovar la confianza y la legitimidad de la gobernanza pública, combatir las desigualdades, promover el bienestar de las personas, favorecer la salvaguarda de sus derechos básicos, fomentar su adecuada participación en la toma de decisiones y facilitar el desarrollo de leyes y políticas que satisfagan sus necesidades reales, contribuyendo así a crear un mundo donde todos los seres humanos sean tratados con dignidad y respeto.

Agradezco el compromiso de la IDLO para avanzar en la justicia climática y mejorar la gobernanza de la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales. Eso también es camino hacia un mundo más justo y pacífico.

El cambio climático es una cuestión de justicia intergeneracional. La degradación del planeta no solamente impide una convivencia serena y armónica en el presente, sino que merma en gran medida el progreso integral de las futuras generaciones. «Es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, etc.» (Exhort. ap. Laudate Deum, n. 2). La justicia, los derechos humanos, la equidad y la igualdad están fundamentalmente entrelazados con las causas y efectos del cambio climático. Al aplicar un enfoque de justicia a la acción climática, podemos proporcionar respuestas holísticas, inclusivas y equitativas.

La corrupción erosiona los mismos cimientos de la sociedad. Al desviar recursos y oportunidades de quienes más los necesitan, la corrupción exacerba las desigualdades existentes. Por este motivo es preciso impulsar campañas de sensibilización que alienten por doquier una mayor transparencia, responsabilidad e integridad, y de este modo se pongan sólidos cimientos en la construcción de una sociedad justa y virtuosa. Es en la primera infancia donde se siembran las semillas de la integridad, la honestidad y la conciencia moral, fomentando una sociedad donde la corrupción no encuentra terreno fértil para arraigar.

Finalmente, es esencial seguir dando pasos para salir al encuentro de los más pobres, marginados y vulnerables, que a menudo no tienen a nadie que hable en su nombre y se ven descartados y excluidos. Debemos asegurarnos de que nadie quede atrás, especialmente las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes, que se afanan para que sus propuestas tengan espacio y voz en el presente y así poder mirar al porvenir con confianza.

Excelencias, estoy seguro de que encuentros como éste sirven para que en nuestros días no dejen de afianzarse sistemas judiciales que preserven la primacía de la dignidad de la persona humana sobre cualquier otro tipo de interés o justificación. En esta noble causa la Santa Sede, fiel a la palabra de Cristo que dijo: «Felices los que tienen hambre y sed de justicia; felices los que trabajan por la paz» (Mt 5,6.9), está al lado de cuantos luchan por robustecer el estado de derecho, los derechos humanos y la justicia social, de modo que sus esfuerzos descubran nuevas sendas de esperanza hacia un futuro más solidario, justo y sereno para todas las naciones de la tierra.

Vaticano, 28 de noviembre de 2023

FRANCISCO