Con el decreto de hoy, el presidente del Tribunal Vaticano ha ordenado la citación a juicio de los acusados en el caso relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres. El juicio comenzará en la vista del próximo 27 de julio.
La solicitud de citación a juicio fue presentada en los últimos días por la Oficina del Promotor de Justicia, en las personas del promotor Gian Piero Milano, el adjunto Alessandro Diddi y el aplicado Gianluca Perone, y afecta a personal eclesiástico y laico de la Secretaría de Estado y a altos cargos de la entonces Autoridad de Información Financiera, así como a personal externo activo en el mundo de las finanzas internacionales.
Se trata de:
René Brülhart, a quien la fiscalía imputa el delito de abuso de oficio.
Mauro Monseñor Carlino, que está acusado de extorsión y abuso de oficio.
Enrico Crasso, acusado de los delitos de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de oficio, falsificación de un acto público por un particular y falsificación en un contrato privado.
Tommaso Di Ruzza, acusado de malversación de fondos, abuso de oficio y violación del secreto oficial.
Cecilia Marogna, que está acusada de malversación de fondos.
Raffaele Mincione, a quien se le acusa de malversación, estafa, abuso de oficio, apropiación indebida y autoblanqueo.
Nicola Squillace, acusado de estafa, malversación, blanqueo de capitales y autoblanqueo.
Fabrizio Tirabassi, que está acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de oficio.
Gianluigi Torzi, que está acusado de extorsión, malversación, estafa, desvío de fondos, blanqueo de dinero y autoblanqueo;
y en relación con las empresas:
HP Finance LLC, referido a Enrico Crasso, al que la fiscalía imputa el delito de estafa.
Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., atribuible a Cecilia Marogna, que está acusada de malversación de fondos.
Prestige Family Office SA, atribuible a Enrico Craso, que está acusado de estafa.
Sogenel Capital Investment, que se remonta a Enrico Crasso, al que la acusación imputa el delito de estafa.
Algunos de los delitos mencionados también se impugnan "en complicidad".
En las investigaciones, iniciadas en julio de 2019 por denuncia del Instituto para las Obras de Religión y de la Oficina del Revisor General, hubo plena sinergia entre la Oficina del Promotor y la Sección de Policía Judicial del Cuerpo de Gendarmería. La nstrucción también se llevó a cabo en estrecha y fructífera colaboración con la Fiscalía de Roma y la Unidad de Policía Económica y Financiera - G.I.C.E.F. de la Guardia di Finanza de Roma. También es apreciable la cooperación con las fiscalías de Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari y sus respectivos departamentos de policía judicial.
También han surgido elementos en contra del cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra el que se está procediendo, tal y como establece la ley, por los delitos de malversación y abuso de oficio, también en complicidad, así como de soborno.
Las investigaciones, llevadas a cabo también con comisiones rogatorias en varios otros países extranjeros (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia, Suiza), han sacado a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado cuantiosas pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo recurrido también a los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre.
La iniciativa judicial está directamente vinculada a las indicaciones y reformas de Su Santidad el Papa Francisco, en la labor de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas; labor que, según la hipótesis acusatoria, ha sido contrarrestada por actividades especulativas ilícitas y perjudiciales a nivel reputacional en los términos indicados en la solicitud de citación a juicio.
Ciudad del Vaticano, 3 de julio de 2021