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Entrada en vigor del Acuerdo Marco entre la Santa Sede y la República Democrática del Congo sobre asuntos de interés común, 17.01.2020

Hoy, 17 de enero de 2020, en el Palacio Apostólico Vaticano, Su Eminencia el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, y el Excmo. Sr.  Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente de la República Democrática del Congo, han intercambiado los instrumentos de ratificación del Acuerdo Marco entre la Santa Sede y la República Democrática del Congo sobre cuestiones de interés común, firmado en el Vaticano el 20 de mayo de 2016.

Estuvieron presentes en la solemne ceremonia:

Por parte de la Santa Sede: S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, S.E. Mons. Ettore Balestrero, nuncio apostólico en la República Democrática del Congo, S.E. Mons. Marcel Utembi, presidente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), Mons. Mislav Hodzié, consejero de nunciatura en la Secretaría de Estado, Don Donatien Nshole, secretario General de la CENCO.

Por parte de la República Democrática del Congo: Excma. Sra. Marie Tumba Nzeza, ministra de Estado y de Asuntos Exteriores, Sr. Fortunat Biselele, consejero privado del Jefe de Estado, Sr. Pacifique Kahasha, encargado de misión del Jefe de Estado, Excmo. Sr. Jean-Pierre Hamuli Mupenda, embajador ante la Santa Sede.

El Acuerdo Marco ha entrado en vigor el mismo día, de conformidad con su artículo 21 § 1. Teniendo en cuenta la respectiva independencia y autonomía de la Iglesia y el Estado, el documento establece el marco jurídico de las relaciones mutuas. En particular, se sanciona la libertad de la Iglesia en la actividad apostólica y en la regulación de las materias de su competencia. Además, se regulan diversos ámbitos, como las instituciones educativas católicas, la enseñanza de la religión en las escuelas, las actividades caritativas y asistenciales de la Iglesia, la atención pastoral en las Fuerzas Armadas y en los centros penitenciarios y hospitalarios, los regímenes patrimonial y fiscal, y la obtención de visados de entrada y permisos de residencia para el personal religioso. Prevé acuerdos de aplicación entre la Conferencia Episcopal y el Estado sobre ciertos asuntos de interés común.