Ante el informe que se ha hecho público en Pensilvania esta semana, hay dos palabras que pueden expresar los sentimientos frente a estos horribles crímenes: vergüenza y dolor.

La Santa Sede toma muy en serio el trabajo del Investigating Grand Jury de Pensilvania y el largo Interim Report que ha elaborado. La Santa Sede condena inequívocamente el abuso sexual de menores.

Los abusos descritos en el informe son criminales y moralmente reprobables. Estos hechos han traicionado la confianza y han robado a las víctimas su dignidad y su fe. La Iglesia debe aprender duras lecciones de su pasado, y debería haber asunción de responsabilidad (accountability) tanto por parte de los abusadores como por parte de aquellos que permitieron que se produjera.

La mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años 2000. No habiendo encontrado apenas casos después de 2002, las conclusiones del Grand Jury son coherentes con estudios precedentes que muestran cómo las reformas hechas por la Iglesia Católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero. La Santa Sede empuja a estar en constante reforma y vigilancia en todos los niveles de la Iglesia Católica, para garantizar la protección de los menores y de los adultos vulnerables. Subraya también la necesidad de obedecer a la legislación civil, incluida la obligación de denunciar los casos de abusos a menores.

El Santo Padre comprende bien cuánto pueden sacudir la fe y el ánimo de los creyentes estos crímenes, y reitera el llamamiento a hacer todos los esfuerzos posibles para crear un ambiente seguro para los menores y los adultos vulnerables en la Iglesia y en toda la sociedad.

Las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Aquellos que han sufrido son su prioridad, y la Iglesia quiere escucharlos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes.