Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

People on the Move

N° 106, April 2008

La problemática de las migraciones

y los desplazamientos forzados en América Latina*

S.E. Mons. Agostino MARCHETTO

Secretario del Pontificio Consejo

de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes

Premisa

Quisiera, antes que nada, expresar mi satisfacción en relación al Documento Final de Aparecida, luego de la desilusión debida a la lectura del documento inicial cuando llegué a dicha ciudad, con los trabajos ya comenzados. El lector podrá comprender mi satisfacción leyendo los números 56, 59, 65, 73, 88, 90, 100, 207, 231, 377, 402, 411-416 y 445 del mencionado Documento, que conciernen a los migrantes, refugiados y desplazados. En él están presentes también otros puntos relacionados a la itinerancia, la otra grande “ala” de la solicitud pastoral de nuestro Pontificio Consejo, como por ejemplo los números 21, 65, 231, 259, 260, 264, 268, 269, 407, 410, 413, 439, 446, 493, 518 y 553 que logran dar una conveniente atención a la pastoral específica de la movilidad humana, come respuesta a un evidente signo de nuestros tiempos[1]. Esta intervención se desarrollará en dos partes, como resulta comprensible por el titulo del articulo que se nos ha propuesto. 

1ª  Parte: La problemática de las migraciones 

Introducción

Hablar de América latina, hoy en día, significa ponerse frente a un Continente en continua evolución, con viejos problemas, claro está, que tienen sus raíces en el pasado, pero con nuevas perspectivas y nuevos retos debidos sobretodo a aquel fenómeno que llamamos globalización[2]. Significa, por otra parte, no olvidar a los regímenes autoritarios, que han empobrecido y minusvalorado el tejido social de muchos Países, así como a una sufriente democracia. Significa, en fin, mirar al vecino estadounidense, a la Unión Europea e incluso al “gigante chino”. Nos encontramos, pues, en una de las zonas del Sur del mundo en que, no obstante las riquezas del subsuelo o la riqueza de unos pocos, está concentrado un número elevado de pobres o paupérrimos, que a menudo acrecientan los flujos migratorios. Por esta razón, pues, la Instrucción de nuestro Pontificio Consejo Erga migrantes caritas Christi[3], al comienzo, precisa que “el nuevo contexto histórico se caracteriza, de hecho, por los mil rostros del otro; y la diversidad, contrariamente al pasado, se vuelve algo común en muchísimos países” (n. 9), tanto es así, que “casi todos los países, por un motivo u otro, se enfrentan hoy con la irrupción del fenómeno de las migraciones en la vida social, económica, política y religiosa, un fenómeno que va adquiriendo, cada vez más, una configuración permanente y estructural” (n. 1). En relación a este Documento, publicado 35 años después del Motu Proprio de Pablo VI Pastoralis migratorum cura y la relativa Instrucción de la Sagrada Congregación para los Obispos De pastorali migratorum cura (1969), es deseable y necesaria una “recepción” en cada país latinoamericano, con la implantación, tal vez, de un Directorio Nacional que, fiel a la EMCC, pueda encarnarla y actuar de este modo en el contexto de una Iglesia local.

1. La cuestión migratoria continental

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de mayo del 2007[4], en su Documento Final, afirma que “la riqueza y la diversidad cultural de los pueblos de América Latina y El Caribe resultan evidentes (…) A esta complejidad cultural habría que añadir también la de tantos inmigrantes europeos que se establecieron en los países de nuestra región” (n. 56; ver también n. 88); y así es. Pero también es cierto que, si bien las migraciones en los países latinoamericanos históricamente provinieron de Europa, hoy se asiste a un cambio de rumbo. Hoy en día las migraciones se dirigen más bien hacia los Estados Unidos de América o hacia países más cercanos al continente latinoamericano, o hacia Europa. De manera que en el mundo existen cerca de 25 millones de latinoamericanos lejos de su patria. De estos, al menos 3 millones han emigrado a algún país de la misma América Latina[5].

Podemos, pues, observar que las migraciones hodiernas tienen, respecto de las “históricas”, una mayor movilidad “intra-nacional y regional”. Son millones los campesinos que han venido confluyendo, y cada vez más en mayor número, en las áreas urbanas (migración interna). Es precisamente a este escenario al que hace referencia la EMCC cuando afirma que “en estos últimos tiempos, también han aumentado notablemente las migraciones internas en varios países, tanto voluntarias, por ejemplo, del campo a las grandes ciudades, como forzosas; en este caso, se trata de los desplazados, de los que huyen del terrorismo, de la violencia y del narcotráfico, sobre todo en África y América Latina. Se calcula, en efecto, que, a escala mundial, la mayor parte de los emigrantes se mueve dentro de la propia nación, incluso con ritmos estacionales” (n. 10). En todo caso, mientras en los 60’s los movimientos migratorios entre países de la región comprendían poco más de 1.500.000 personas, en los años noventa superaban ya los 11 millones. Por otra parte, considerando individualmente los diversos países, de Colombia, Ecuador y Perú continúa saliendo gente con destino no sólo a los Estados Unidos de América, sino también a otras naciones de América Latina y de Europa. Venezuela y Argentina, en cambio, continúan siendo países receptores, aún considerando que este último, a causa de la fuerte crisis económica, ha sufrido una gran reducción de la población residente y del número de inmigrantes en las zonas de frontera. Brasil, Perú y, recientemente, Ecuador se manifiestan más bien como países de “expulsión”. Sobre todos estos, sin embargo, prevalece México.

En los Estados Unidos, según el último censo, los inmigrantes de origen latinoamericano han superado la cuota de los 14 millones; para la Unión Europea, las cifras al 2003 oscilan entre los 600.000 y 1.100.000 inmigrantes. Se registran, pues, notables flujos migratorios al interior del continente, caracterizados sobretodo por la búsqueda de oportunidades de trabajo.

A este propósito, muchos países de América Latina han visto emigrar a sus mejores ciudadanos, sobretodo profesionales y técnicos. La desilusión y la frustración, por otra parte, de aquellos que han tenido que abandonar su patria para huir de la miseria y del hambre han hecho que, frente a la falta de incentivos, su regreso se verificase luego de mucho tiempo y, en muchos casos, de manera no definitiva. No obstante todo esto, la emigración ha generado también, gracias a las remesas enviadas a los parientes en los países de origen, un considerable flujo de dinero[6].

En el contexto migratorio, finalmente, uno de los problemas más graves en América Latina, aún sin resolver, es la situación irregular de muchos inmigrantes afectados por las políticas restrictivas de los diversos países de la región, no obstante la tan mentada fraternidad latinoamericana. Esto, en efecto, comporta la creciente explotación y la violación de los derechos fundamentales, sin olvidar que la imposibilidad de reunirse de nuevo con sus familias y el hecho de vivir en el temor por su situación ilegal los aíslan y los alejan de sus familiares, que viven en sus países de origen[7], con el riesgo ulterior de que se creen nuevos lazos afectivos irregulares.

Se puede, pues, notar en todo esto una aguda inestabilidad, abonada por el crecimiento demográfico que seguirá presente en el futuro.  

2. Los latinos en los Estados Unidos

No debe sorprender este subtítulo si pensamos en el compromiso eclesial de crear lazos entre el Norte y el Sur del Continente en cuestión. En todo caso, se trata de una verdadera y propia revolución social y demográfica del escenario americano, por la cual dentro de veinte años los Estados Unidos de América podrían ser la segunda nación de lengua castellana, luego de México. Si miramos al pasado notaremos que hacia finales de 1996 los latinos habían ya superado a los afro-americanos, pasado a ser, por ejemplo, el segundo grupo étnico presente en Nueva York, mientras ya desde tiempo atrás representaban la mayoría absoluta en el Bronx.

Las consecuencias de este fenómeno están teniendo repercusiones en la política pública y en la entera dimensión cultural americana. Los latinos, de hecho, prefieren establecerse en las grandes áreas metropolitanas, de manera que están concentrados en las veinte mayores ciudades de los Estados Unidos. Los Ángeles, por ejemplo, registra una población salvadoreña mayor que aquella residente en San Salvador y Nueva York un número de puertorriqueños superior al de San Juan de Puerto Rico y un número de dominicanos similar al de Santo Domingo.

Desde el punto de vista religioso, por otra parte, más de dos tercios de latinos en los Estados Unidos, vale decir el 68%, está constituido por católicos y, en proporción, se trata sobretodo de inmigrantes mexicanos. Los protestantes, en cambio, son más numerosos entre aquellos que provienen de Puerto Rico, mientras que aquellos que se declaran a-religiosos, una pequeña porción del total, están en mayor cantidad entre los que provienen de Cuba. En tal contexto, la Conferencia Episcopal Estadounidense (USCCB), en comunión con aquella mexicana (CEM), y también con otras Conferencias Latinoamericanas, viene solicitando desde hace mucho tiempo una reforma integral en lo que se refiere a la inmigración, que tenga en consideración todos los aspectos del fenómeno, no solamente lo que tiene que ver con la seguridad y las medidas restrictivas. Por este motivo, la Conferencia Episcopal Estadounidense  sostiene que la nueva reglamentación tiene que ser un esfuerzo global contra la pobreza, previendo un programa de trabajo temporal, una política de reunificación familiar, una amplia legalización y la restauración del proceso regular. Es necesario, asimismo, subrayar que la Iglesia está siempre pastoralmente cerca de los inmigrantes, dando a menudo servicios que nadie ofrece, tanto de primera necesidad, como de tutela, promoción e integración, poniendo en acción incluso proyectos de cooperación a través de la construcción de estructuras al servicio de los inmigrantes y garantizando, donde es posible, la asistencia pastoral, sobre todo en la celebración de la Liturgia y en la catequesis. 

3. Las migraciones en la región Andina

La migración en el interior de la comunidad andina está en aumento, causando particular preocupación los flujos migratorios hacia Venezuela, así como la emigración de colombianos y los desplazados al interior de las regiones.

Venezuela representa, sin embargo, para los emigrantes en América latina, uno de los Países de mayor atracción y no sólo para aquellos procedentes de la región sino también para los procedentes de Europa y de Asia. Se pueden contar casi 60.000 inmigrantes colombianos y 35.000 peruanos, empleados en las zonas rurales y en las empresas constructoras.

Colombia, por su parte, es escenario de un conflicto armado interno que ha provocado el desplazamiento de una multitud de gente. Hablaremos de ello en la segunda parte de nuestra intervención.

Son unos 37.000, además, los colombianos en Ecuador. Perú, por otra parte, se presenta como un País de fuerte emigración, con peruanos que se dirigen a Argentina, Europa, Estados Unidos de América e incluso Japón. Se calcula, además, que en los últimos diez años, a causa de la violencia, han sido desplazadas internamente unas 600.000 personas. 

4. Las migraciones en el Cono Sur

En esta área geográfica, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tienen una cierta estructura industrial y un desarrollo urbano, pero también carencia de población. Paraguay y Bolivia, en cambio, registran un mayor crecimiento de población, pero sus economías son pobres y precarias.

De hecho, de un total de 36.260.000 habitantes, Argentina actualmente cuenta con 1.531.940 extranjeros, de los cuales mitad procede de los países fronterizos y del Perú, con una creciente presencia de inmigrantes coreanos, chinos y provenientes de Europa del Este, en particular de Ucrania y de Rusia. Es de notar que el Gobierno de Buenos Aires suscribió recientemente un acuerdo con el de La Paz para que los inmigrantes presentes irregularmente puedan normalizar su situación, lo que representa un importante signo, por su ejemplaridad, para toda América Latina.

En relación a Paraguay, se observa más bien una reducción de la presencia de inmigrantes brasileños (casi 81.000 en el presente), debida talvez a la tensas relaciones entre los Gobiernos de Asunción y de Brasilia. Están presentes además en el país unos 63.000 argentinos, sobretodo descendientes de paraguayos  y jóvenes que emigraron tras la crisis económica en patria.

Finalmente, no siendo Chile tradicionalmente un país de inmigración, constatamos más bien que en estos  últimos años ha recibido una creciente presencia de argentinos (50.448 personas) y peruanos (39.084 inmigrantes). Precisamente, en el mes de febrero se difundió la noticia de que en Chile habían sido regularizados 40 mil inmigrantes.  

5. La Iglesia católica en América latina y las migraciones

Pues bien, ¿come responde la Iglesia Católica a este signo de los tiempos que es la migración? Podemos decir que lleva adelante una obra muy importante en materia migratoria, incluso a través de las distintas organizaciones-asociaciones regionales, nacionales y locales, y en estricta comunión con el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes. En ello se hace concreto lo que establece la EMCC, sobretodo en su cuarta parte y en el Ordenamiento jurídico-pastoral[8], como bien lo señala el mismo Documento final de la Conferencia de Aparecida: “Es expresión de caridad, también eclesial, el acompañamiento pastoral de los inmigrantes. Hay millones de personas concretas que, por distintos motivos, están en constante movilidad. En América Latina y el Caribe constituyen un hecho nuevo y dramático los emigrantes, desplazados y refugiados sobre todo por causas económicas, políticas y de violencia” (n. 411).

En Bogotá, pues, tiene su sede la Sección Movilidad Humana del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que apoya a las Conferencias Episcopales de cada Nación en el estudio del fenómeno estructural de la movilidad humana y estimula una respuesta pastoral conveniente. Todo País de América Latina tiene, además, Comisiones Episcopales que, según las distintas competencias, se dedican a la animación de la acción pastoral de los inmigrantes en sus diversas expresiones o en Comisiones, incluso a nivel nacional, dedicadas a la migración misma, en dependencia de las Conferencias Episcopales. Pienso en Chile, en el Instituto Católico para las Migraciones (INCAMI), en Argentina, la Fundación Comisión Católica Argentina para las Migraciones (FCCAM), en Uruguay, la Comisión Uruguaya para las Migraciones (CCUM), en Brasil, el Servicio Pastoral para los Inmigrantes (SPM), en México, el Departamento Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), etc. Se trata de organismos que, incluso en observancia de lo solicitado por la EMCC, se ocupan de la acción pastoral para los inmigrantes, con su animación en las diócesis. Muchas de ellas tienen un delegado dedicado a ese apostolado. En las Conferencias Episcopales más reducidas, en cambio, se puede tener un Obispo Promotor y un Director Nacional.

Por otra parte, es ya tradicional en América Latina celebrar la “Jornada del inmigrante”, que a veces se dilata a una semana entera. Se ofrece también a los inmigrantes el servicio de consultoría en lo que respecta a la tutela de sus derechos, se instituyen programas de adiestramiento para los operadores pastorales y se colabora con otras instituciones públicas y privadas dedicadas al welfare de los inmigrantes. En muchos países, finalmente, existen programas dedicados a la integración de los inmigrantes y a la valorización de sus respectivas culturas, estimulándose al mismo tiempo la activa participación de los diversos grupos de inmigrantes ya establecidos en los países receptores.

Todo ello hace concreta la siguiente recomendación de la EMCC: “En todo caso (...) permanece el deber de asistir pastoralmente a los católicos inmigrantes, en las formas que se consideren más eficaces, según las circunstancias, aun prescindiendo de instituciones canónicas específicas. Las cristalizaciones pastorales informales e incluso espontáneas, merecen ser promovidas y reconocidas en las circunscripciones eclesiásticas, al margen de la consistencia numérica de quienes se benefician, cerrando así el paso a la improvisación y a la presencia de agentes de pastoral aislados y no idóneos, incluso a las sectas” (n. 92) [9]. Obviamente, todo lo que se realiza ya en el continente es también fruto del atento y fraterno diálogo que existe entre las Conferencias Episcopales de los países de proveniencia y los de destino; esto también en referencia a lo que sugiere la EMCC: “Para que la pastoral de los emigrantes sea una pastoral de comunión, es indispensable que se establezca entre las Iglesias emisoras y receptoras una intensa colaboración, que se origine, en primer lugar, de la información recíproca sobre todo aquello que tiene un común interés pastoral” (n. 70)[10]. Recordamos, entre otras, la ejemplar colaboración entre la Conferencia Episcopal Estadounidense y la Méxicana, contando incluso con la publicación de dos documentos, “Strangers No Longer: Together on the Journey to Hope” y “Ministering Together for Immigrants, Refugees, Migrants and People on the move at the Beginning of the Third Millennium” (2003)[11]. 

No puede faltar, finalmente, la así llamada “advocacy”, según señala al respecto el documento de Aparecida: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países, para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Debe tener presente también a los desplazados por causa de la violencia. En los países azotados por la violencia, se requiere la acción pastoral para acompañar a las víctimas y brindarles acogida y capacitarlos para que puedan vivir de su trabajo. Asimismo, deberá ahondar su esfuerzo pastoral y teológico para promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de personas” (n. 414). 

6. Organizaciones civiles en el continente sudamericano en relación a los inmigrantes

En América Latina, las organizaciones civiles para la migración cumplen un papel importante para la consecución de las decisiones de los gobiernos regionales. Por lo demás, las Autoridades gubernamentales toman cada vez más consciencia de la necesidad de prestarles atención, llamándolas, por ejemplo, a participar en la mesa de discusiones en lo concerniente a la migración. De hecho, ellas afrontan día a día buena parte de los problemas que son responsabilidad de los gobiernos, vale decir: violaciones de los derechos humanos, abusos, contrabando y tráfico de personas, falta de asistencia legal, humanitaria y hospitalaria, problemas de trabajo, conflictos fronterizos, deportaciones, etc.

Al respecto, en 1996, en México, tuvo lugar la primera “Conferencia Regional sobre la Migración”, que se hizo conocida inmediatamente como “Grupo de Puebla”. Uno de sus objetivos era la cooperación entre los países de la región, sin afectar los programas de cooperación bilateral ni el derecho soberano de cada país de salvaguardar sus propias fronteras y de aplicar las respectivas leyes migratorias. En el plano de la acción, más bien, se buscaba promover la cooperación internacional para resolver los problemas de fronteras comunes, combatir el tráfico de personas y proteger los derechos de los inmigrantes irregulares[12].

Al igual que el “Grupo de Puebla”, también los Países de América del Sur sintieron la necesidad de un espacio de reflexión y de políticas comunes acerca del tema migratorio. Es así que en 1999 se llevó a cabo en Lima el primer “Encuentro Sudamericano de Migración, Integración y Desarrollo”. Estaban presentes Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela. En la declaración final de aquel Encuentro, se confirmó la necesidad de una mayor colaboración en temas relacionados a la migración para acompañar los procesos de integración sub-regional, como el MERCOSUR y la Comunidad Andina. El respeto de los derechos humanos de los inmigrantes constituyó la preocupación fundamental, considerando también el hecho de que los movimientos migratorios producen cambios y relaciones interculturales que, a lo largo del tiempo, pueden generar factores de desarrollo[13]. Al año siguiente, los días 18 y 19 de mayo, tuvo lugar en Buenos Aires la primera “Conferencia Sudamericana sobre las Migraciones”. En aquella ocasión - con participación de varios importantes organismos como ACNUR, CELADE, CEPAL, OEA, OIT y, a nivel regional, CEMLA, INCAMI, FCCAM - se volvieron a tomar en cuenta ideas de fondo del Encuentro de Lima (la protección de los derechos humanos, la modernización y la consolidación institucional de los organismos nacionales de competencia sobre tales cuestiones y la cooperación técnica regional). El resultado más inmediato ha sido la constitución de un Foro de coordinación y consulta en materia migratoria para los países de América del Sur. Desde entonces, cada año ha tenido lugar una reunión con el objetivo de continuar la elaboración y la puesta al día de las políticas migratorias en distintos Países. Avanzando gradualmente, se ha ido prestando más atención al proceso regional de integración, facilitando la movilidad de los inmigrantes; se ha reforzado, además, el compromiso a favor del respeto de todos los trabajadores inmigrantes y de sus familias, en conformidad con las legislaciones internas y los instrumentos internacionales[14]. Se decidió, además, fomentar el total respeto de las personas que se encuentran en cualquier condición migratoria, evitando tratar de delincuentes comunes a los que infringen las leyes migratorias. Se ha ido buscando también el consenso acerca de las líneas de acción para los inmigrantes latinoamericanos residentes fuera de la región, proponiendo, junto con las organizaciones sociales y de la sociedad civil, un espacio de trabajo en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes.

En este largo y a veces fatigoso proceso ha madurado pues un proficuo y necesario dialogo entre la sociedad civil y los Gobiernos, con atención incluso al pensamiento de la Iglesia y el reconocimiento de la preciosa contribución de las Organizaciones No Gubernamentales y de las Instituciones religiosas para resolver la problemática relacionada al proceso migratorio sudamericano. Por ello, análogamente, y al menos en parte, constatamos la realización de lo que la EMCC desea, es decir: “que el compromiso en favor de los inmigrantes no sea sólo obra de los cristianos, considerados individualmente, o de las tradicionales Organizaciones de ayuda y socorro, sino que forme parte también del programa general de los movimientos eclesiales y Asociaciones laicales” (n. 60), teniendo bien presente  que “se pide a los laicos cristianos, sobre todo, que extiendan su colaboración a los campos más variados de la sociedad, haciéndose también ‘prójimos’ del emigrante” (n. 21). 

Conclusión de la primera parte

Una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo es el flujo de personas que se desplazan de un país a otro, sea por huir de las persecuciones o por buscar una vida más digna. La EMCC subraya la importancia de nuestra respuesta a este fenómeno global, recordando que todos estamos “llamados a emprender un itinerario de comunión que conlleve, precisamente la aceptación de las legítimas diversidades. Pues la defensa de los valores cristianos pasa también a través de la no discriminación de los inmigrantes, sobre todo gracias a una sólida regeneración espiritual de los fieles mismos. El diálogo fraterno y el respeto recíproco, testimonio vivido del amor y de la acogida, serán así, por sí mismos, la primera e indispensable forma de evangelización” (n. 99). A este proceso, de hecho, contribuirán de manera evidente los mismos inmigrantes, llamados a ser “los principales protagonistas de la pastoral” (n. 91), más aún, como atestigua la Conferencia de Aparecida: “los emigrantes son igualmente discípulos y misioneros y están llamados a ser una nueva semilla de evangelización, a ejemplo de tantos emigrantes y misioneros, que trajeron la fe cristiana a nuestra América” (Documento final, n. 377). Creo también que tiene que ser igualmente positiva la perspectiva con la que hoy en día es necesario mirar el fenómeno migratorio. En efecto, hay que superar las políticas simplemente de control y de contención de las migraciones, para actuar apropiadas políticas de gestión migratoria. Es además urgente descubrir instrumentos comunes entre los distintos Estados, de manera que se pueda superar la reductiva visión nacional para una mejor sinergia a nivel internacional. Asimismo, debemos tener en cuenta el bien común de una Nación, pero en el contexto global. Justamente acerca de este marco, la EMCC subraya que “Ante un fenómeno migratorio tan generalizado, y con aspectos profundamente distintos respecto al pasado, de poco servirían políticas limitadas únicamente al ámbito nacional. Ningún país puede pensar hoy en solucionar por sí solo los problemas migratorios. Más ineficaces aún resultarían las políticas meramente restrictivas que, a su vez, producirían efectos todavía más negativos, con el peligro de aumentar las entradas ilegales e incluso de favorecer la actividad de organizaciones criminales” (n. 7). Más bien se necesita transformar el tema migratorio entre Países cercanos en una oportunidad de cooperación y de desarrollo regional, y no en un factor de tensión. Hoy, pues, más que nunca, es indispensable subrayar lo que afirmaba hace poco el Santo Padre Benedicto XVI “la realidad de las migraciones no se ha de ver nunca sólo como un problema, sino también y sobre todo, como un gran recurso para el camino de la humanidad”[15]. 

II. Parte: Los desplazamientos forzados en América Latina 

Trasfondo

El desplazamiento forzado mundial tiene magnitud y está creciendo. Los datos estadísticos del 2007 para los refugiados y los que solicitan asilo llegan aproximadamente a 15 millones de personas, de los cuales, 10,5 millones[16] están bajo el amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mientras que los restantes 4,5 millones de refugiados[17] palestinos están bajo el amparo de la Agencia UNRWA. Además, se calcula que las personas internamente desplazadas sean en el mundo aproximadamente ciento cincuenta millones, de las cuales, 24,5 millones[18] han perdido sus hogares como resultado de los efectos de un conflicto armado o cualquier otra violación de los derechos humanos. Estos 24,5 millones de personas se habrían convertido en refugiados si hubieran cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Los restantes, más o menos 125 millones de desplazados internos, son aquellos que han perdido sus hogares debido a desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) o proyectos de desarrollo humano (diques o instalaciones comerciales[19]), ascendiendo éstos últimos a más de 100 millones. Si bien todas las PDIs (Personas Internamente Desplazadas) están bajo el amparo de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[20], nos limitaremos aquí a la situación de las PDIs cuya condición es parecida a la de los refugiados.

1. La responsabilidad de la comunidad internacional

El destino de las personas internamente desplazadas es alarmante. El sistema internacional, creado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, no los incluye. De acuerdo con las nociones tradicionales de soberanía, la Convención de Refugiados de 1951 se centró exclusivamente en las personas que habían cruzado fronteras internacionales.

Las que permanecían dentro de sus países de origen eran consideradas responsabilidad de sus gobiernos. Esto se debía al principio de “no ingerencia” en los asuntos internos de un Estado soberano. Sin embargo, no se puede utilizar el concepto de soberanía como justificación para el maltratamiento de poblaciones. La normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional obligan a los gobiernos a dar protección y asistencia humanitaria a los que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción. En estos últimos años, sin embargo, los conceptos de soberanía que numerosos Estados han utilizado como pantalla para ocultar abusos hacia sus propios ciudadanos[21], son desafiados por un concepto más reciente: “la soberanía como responsabilidad”[22]. La introducción de un marco jurídico, a pesar de que no es legalmente vinculante, los ya mencionados Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que recurre a las medidas existentes en la legislación internacional con respecto a las necesidades de los desplazados internos, ha evidenciado otro cambio de mentalidad. 

El ACNUR estaba ya comprometido en la protección y en la ayuda de las PDIs, bajo ciertas condiciones bien precisas[23]. En el 2005 se verificó una sucesiva mejora, cuando el Comité Permanente inter-Agencias (IASC) introdujo un enfoque coordinado conocido como “cluster-approach” (enfoque de grupo), una dinámica de operaciones concordada por los organismos de la ONU y la comunidad humanitaria que conducirá ciertas operaciones. Como resultado de este enfoque, actualmente, el ACNUR asiste, a través de proyectos a corto plazo ad hoc[24], a cerca de 14,5 de los 24,5 millones de PDIs relacionadas con un conflicto.

La realidad nos obliga, pues, a afirmar que millones de desplazados internos permanecen, de hecho, sin protección.  

2. América Latina

La situación de migración forzada en América Latina se caracteriza principalmente por situaciones de desplazamiento interno con los países que lo experimentan de una manera masiva.

Perú cuenta con aproximadamente 150.000 PDIs, como resultado del conflicto armado interno al que estuvo expuesto desde 1980 hasta el 2000, mientras que la situación en Colombia supone uno de los peores desastres humanitarios[25] a nivel mundial, con un desplazamiento interno estimado entre tres y cuatro millones de personas, de las cuales, más de la mitad son menores de dieciocho años[26].

Asimismo, se está produciendo en la actualidad un éxodo de ciudadanos colombianos hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica, cuyas cifras ascienden a más de 500.000. Por esta razón, en este artículo nos ocupamos solamente de Colombia. 

3. El impacto del desplazamiento sobre la población

El conflicto armado afecta seriamente a las condiciones socioeconómicas de la población civil. Parece existir un nexo entre el incremento del desplazamiento interno y el aumento de la pobreza, puesto que las personas tienen que abandonar el hogar, convirtiéndose, en más de una ocasión, en desarraigados. Tienen, de hecho, que emprender una nueva vida en otra región del país. La situación de las mujeres y sus responsabilidades varían también debido a la violencia. Sus vidas cambian, puesto que se convierten, en muchos casos, en cabeza de familia y toman las riendas económicas del hogar para mantener a sus hijos. Actualmente, cuatro de cada diez familias desplazadas tienen “jefatura” femenina[27]. Esto sucede, sobre todo, debido a la muerte o pérdida del esposo, o cuando es obligado a permanecer en otra parte del país. “Los cambios de roles y responsabilidades generados por el desplazamiento están fundamentalmente asociados a la necesidad de garantizar las necesidades básicas de las familias y a las oportunidades que encuentran para lograrlo”[28]. 

Las mujeres son, en particular, un blanco contra el que se aplican diferentes formas de violencia[29] física, psicológica y sexual. El objetivo es obligarlas a marcharse, acción que desemboca en un control eficaz de territorios y recursos. Muchas veces son secuestradas para prestar servicio en los grupos armados u obligadas a servir. Los niños soldado están también presentes en diferentes facciones.

Colombia se ha convertido en el País con el mayor número, a nivel mundial, de víctimas por minas terrestres[30].  

4. Medidas emprendidas por el Gobierno

Colombia ha introducido un marco legal y una estructura institucional muy sofisticadas, como apoyo a la respuesta humanitaria para estas personas. Asimismo, delega responsabilidades específicas en las diferentes agencias gubernamentales, a nivel nacional y municipal.

El Gobierno es el principal proveedor de asistencia humanitaria para las personas desplazadas en el País, centrándose principalmente en cuestiones pertinentes a la recuperación, como son el alojamiento, la generación de ingresos, la educación y la salud, pero puede llegar a ser difícil diferenciar dichas personas en las poblaciones urbanas más pobres. “La política gubernamental adolece de problemas graves en las diferentes fases del desplazamiento forzado, desde el deber de prevenir las causas que obligan las personas a desplazarse para proteger su vida, pasando por la protección especial de sus derechos durante la situación de desplazamiento, hasta la reparación integral de los derechos conculcados a las víctimas. Los programas gubernamentales de atención humanitaria y de restablecimiento socioeconómico resultan insuficientes frente a la extrema vulnerabilidad que sufren las personas desplazadas”[31].

El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas manifestó “su preocupación por el claro desfase entre las políticas decididas en la capital Bogotá, y su aplicación efectiva en los departamentos y municipios. Le sorprendió de manera particular lo que parece ser una desconexión entre la formulación de políticas a nivel nacional y la aplicación operacional a nivel local. Llegó a la conclusión de que la falta de una aplicación sistemática y coherente de esas políticas afecta a la capacidad de los desplazados internos para ejercer efectivamente esos derechos”[32]. 

5. Las respuestas de la Iglesia

En respuesta a los desafíos del conflicto armado, la Iglesia católica en Colombia[33] pidió a todas las diócesis que desarrollaran programas de renovación, y que incluyeran en dichos programas la promoción de la reconciliación.

El Arzobispo Monseñor Luís Augusto Castro Quiroga, ha descrito la necesidad de reconciliación dentro de un proceso para la paz: “la reconciliación aparece como la destrucción de las barreras de desconfianza y la construcción de nuevas relaciones de comunión. Es, además, un proceso que es tanto individual como comunitario... está relacionado con la paz en el nivel más profundo…”[34].

Por consiguiente, la Iglesia Católica en Colombia[35], para dicho ministerio de reconciliación, pide a sus ministros, con vistas a una mayor eficacia, que se esfuercen por una: (1) presencia en la zona incluso en los momentos más críticos; (2) apertura a todas las partes; (3) precisión en el lenguaje evitando confusión de niveles y conceptos. Se pide también (4) conservar viva la memoria de los acontecimientos trágicos; (5) mantener la esperanza aún en situaciones que parecen desesperadas; (6) no acomodarse a una mentalidad de guerra; y (7) avizorar el futuro de una manera profética en lugar de catastrófica. Además de desarrollar una pastoral con estos criterios de reconciliación en épocas de guerra, la Iglesia Católica también ha desarrollado una espiritualidad para vivir en situaciones de conflicto, programas que brindan atención psicológica y el manejo del miedo para sus agentes pastorales.

De hecho, el SNPS (Secretariado Nacional de Pastoral Social) promueve la dignidad humana y la construcción de una nueva cultura de convivencia. El trabajo consiste en campañas nacionales, la celebración de la Semana por la Paz, conferencias sobre la paz, reconciliación y derechos humanos, “la confesión sacramental también es vista como un instrumento que a veces ha roto el ciclo de los actos de venganza”[36]. Más aún, se busca un mayor conocimiento de los derechos humanos, un tratamiento de las emergencias debidas al conflicto militar, el establecimiento de un sistema de información referente a la violencia en Colombia (Programa RUT), y participación en los programas del ACNUR. Además, señalamos la Carta Pastoral del Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana sobre Reconciliación y Paz, publicada el 27 de marzo de 2007[37]. 

Todo esto, para evidenciar la concienciación de la Iglesia en Colombia con respecto al enorme sufrimiento que padecen las personas internamente desplazadas, dando respuesta también a través de programas caracterizados por la asistencia directa, la mediación y el tratamiento de los efectos a largo plazo. Se proporcionan de hecho alojamiento, alimentos, asistencia médica e indumentaria, mientras que los planes pastorales consisten en la concienciación de las comunidades sobre el desplazamiento y las causas de la violencia, la formación de agentes pastorales comprometidos con los desplazados, un conocimiento de los derechos humanos y también una educación acerca del respecto y de las necesidades de los desplazados. Asimismo, algunas diócesis asisten a las PIDs con un enfoque integral, a través del cual se brinda asistencia humanitaria y asesoría psico-social, junto con visitas a “domicilio”. Se ha proporcionado también apoyo pastoral a las familias y a las víctimas de la violencia, del desplazamiento, de los secuestros, de las amenazas y de las desapariciones.

Asimismo, es importante notar que existe colaboración entre las Comisiones diocesanas de Pastoral Social o de Movilidad Humana y las de Justicia y Paz, y con las asociaciones ecuménicas, ONGs y organizaciones gubernamentales. 

Conclusión de la segunda parte

En los esfuerzos constantes por atender con mayor eficacia el desplazamiento interior, es necesario tratar cuestiones reales como la violencia, el trauma, la devolución de propiedades y la reconstrucción. Esto incluye sanar las heridas de las víctimas para que puedan enfrentarse al pasado, y medidas económicas para que puedan reconstruir sus vidas, guiados por un espíritu de diálogo que busca el bien común y la reconciliación del individuo y de la sociedad. Esto implica un gran cuidado pastoral, que debe ser específico, siguiendo las pautas de la Instrucción Erga migrantes caritas Christi de nuestro Dicasterio y de la Doctrina Social de la Iglesia.

Sólo entonces se creará un mundo en el que “no se volverá a oír llanto, ni gritos de angustia... No sucederá que uno construya y otro viva en la casa, o que uno plante y otro se coma el fruto. ... No trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo, porque son descendientes de los que el Señor ha bendecido” (Is. 65, 19-23).

Riassunto 

LA PROBLEMATICA DELLE MIGRAZIONI E DEGLI SPOSTAMENTI FORZATI IN AMERICA LATINA 

Guardando al grande continente Latinoamericano, la prima parte dell’intervento è dedicata agli spostamenti migratori, causati soprattutto dalle economie di mercato, mentre la seconda parte focalizza la questione degli sfollati, quasi solo in Colombia.

Nei suoi aspetti diversi, molteplici e spesso contraddittori, l’America Latina è presentata nella sua continua evoluzione, con problemi che affondano le loro radici nel passato, ma specialmente con nuove sfide e nuovi orizzonti, posti in essere soprattutto dalla globalizzazione. Attualmente, infatti, si contano circa 25 milioni di latinoamericani lontano dalla patria. Di questi almeno tre milioni sono emigrati in un Paese interno al continente. Quanto agli sfollati, poi, solo la Colombia ne registra oltre 2.500.000. Non bisogna, inoltre, dimenticare che uno dei problemi più gravi del continente, ancora in sospeso, è la situazione irregolare di molti immigrati, colpiti dalle politiche restrittive dei vari Paesi dell’area, nonostante la conclamata fraternità latinoamericana. Ciò, in effetti, comporta lo sfruttamento crescente e il non rispetto dei loro diritti fondamentali.

Oltre alla dimensione descrittiva, però, si mette qui in rilievo pure l’azione pastorale della Chiesa in America Latina, in favore di tutti coloro che sono coinvolti nelle migrazioni, volontarie o forzate, con base nell’Istruzione Erga migrantes caritas Christi, pubblicata dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti il 3 Maggio 2004, e nel Documento finale della V Conferenza generale dell’Episcopato latinoamericano e dei Caraibi, svoltasi ad Aparecida, in Brasile, dal 13 al 31 maggio 2007. Emerge, così, la continua, importante opera ecclesiale in materia migratoria, anche attraverso diverse associazioni regionali, nazionali e locali di ispirazione cattolica.

Non mancano, infine, annotazioni sulle organizzazioni della società civile per le migrazioni, riconoscendo che esse giocano un ruolo significativo nell’adempimento delle decisioni dei Governi, nella materia specifica.

La convinzione di fondo, in sostanza, è che bisogna trasformare la tematica migratoria tra Paesi vicini in una opportunità di cooperazione e di sviluppo regionale, e non in un fattore di tensione, superando, dunque, le politiche semplicemente di controllo e di contenimento delle migrazioni, per attuare adeguate politiche di gestione migratoria. Inoltre, è urgente individuare strumenti concertati tra i vari Stati, in modo da abbandonare la ristretta visione nazionale per una migliore sinergia, a livello internazionale, dove il bene comune di una Nazione è considerato nel contesto di quello universale.
 

Summary 

THE PROBLEMs OF MIGRATION AND FORCED MOVEMENTS IN LATIN AMERICA 

Looking at the great continent of Latin America, the first part of this intervention is dedicated to migratory movements, caused above all from market economies, while the second part focuses the issue of IDPs, almost entirely in Colombia.

In its various features, which are multiple and often conflicting, Latin America appears in a continuous evolution, with problems that have their roots  embedded in the past, but especially with new challenges and new horizons, caused above all by globalization. Indeed, currently, approximately 25 million Latin Americans are far from their own country. Of these at least three million have emigrated to a country within the continent. As for those who are IDPs, only Colombia records more than 2,500,000 of them. Moreover, it should not be forgotten that one of the more serious problems of the continent, which is still on-going, is the irregular situation of many immigrants, struck by the restrictive policies of  several countries within the area, despite there being a clear Latin American ‘fraternity’. This, in effect, involves increasing their exploitation and it does not respect their fundamental rights.     

However, besides this description, the pastoral action of the Church in Latin America, in favour of those who have been  caught up in migration, voluntary or forced, is based on the Instruction Erga migrantes caritas Christi, published by the Pontifical Council of the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People in May 2004, and in the Final Document of the fifth general Conference of the Latin American and the Caribbean Episcopate that took place in Aparecida,  Brasil, from 13^th- 31^st  May 2007. From this, what emerges is an important ecclesial work concerning migration, which also appears through various regional, national and local associations of Catholic inspiration.

Finally, they are the organizations of civil society concerned with migration. They play a significant role in the implementation of the decisions of the Governments, in this specific matter.

To sum up, the essential conviction is that it is necessary to transform the theme of migration between neighbouring countries in an opportunity of cooperation and regional development, and not as a source of tension. It is necessary therefore to go beyond the policies simply of control and migratory checks, in order to put into effect adequate policies of migratory management. Moreover, it is urgent to single out instruments, agreed between several States, so as to abandon the narrow national vision for a better cooperation, at the international level, where the common good of a Nation is considered in the universal one.