Con un rescripto del 18 de marzo de 2020, el Santo Padre, teniendo en cuenta la particular condición sanitaria vinculada a la propagación del virus Covid-19, ha ordenado la suspensión hasta el 3 de abril de 2020 de todas las actividades procesales en curso en las oficinas judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como de los relativos plazos de caducidad y de prescripción.

Esta disposición, ya adoptada en Italia, no es operante para las actividades de investigación y, más en general, para las antecedentes a la discursión ni con respecto a los procedimientos que deben tratarse por razones de urgencia.