El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi S.I emitió a última hora de la tarde de ayer una nota en que explicaba los motivos del proceso por divulgación de noticias reservadas, la modalidad en que se desarrolló y las conclusiones del mismo.
“El proceso debía hacerse -escribe padre Lombardi- porque existe una ley, además una ley reciente, promulgada en 2013, para contrarrestar la fuga de noticias. En los últimos años el Vaticano ha mejorado su sistema jurídico y penal haciéndolo más completo y adecuándolo a las exigencias actuales de lucha contra la ilegalidad en diversos ámbitos. No se pueden declarar intenciones y establecer normas y no ser coherentes a la hora de aplicarlas persiguiendo a los que no cumplan las leyes.
Debía hacerse para demostrar la voluntad de contrarrestar las manifestaciones y consecuencias incorrectas de las tensiones y polémicas internas del Vaticano que, desde hace algún tiempo, se reflejan con demasiada frecuencia también en el exterior a través de fugas o filtraciones de documentos a los medios de comunicación, creando así una espiral y un contexto ambiguo y negativo de interaccion entre disputas internas y resonancias externas, a través de los medios de comunicación, que tambien repercuten negativamente en la opinión pública que tiene derecho a una información objetiva y serena. Esta es una "enfermedad", como diría el Papa Francisco, que debe ser combatida con determinación.
Para conocer y evaluar los diferentes aspectos de esta situación también era justo enfrentar con valor la dimensión del papel y de la responsabilidad efectiva o no de los periodistas en el caso a pesar de las previsibles polémicas sobre la defensa libertad de prensa. Una libertad que, ciertamente, hay que defender. Pero también la profesión periodística puede tener unos límites que respetar cuando hay en juego otros bienes importantes cuya defensa es necesaria y, por lo tanto, era justo verificar si habia sido o no así. Como se ha reiterado en diversas ocasiones, éste no ha sido en modo alguno un proceso contra la libertad de prensa.
Incluso Benedicto XVI, cuando todavía no existía la ley actual, pensó que era adecuado que la justicia "humana" siguiera su curso, con quien había sido su mayordomo, hasta la sentencia. Del mismo modo ahora, aunque el responsable de la divulgación fuese un eclesiástico importante, no habría sido justo emplear por ese motivo un tratamiento diferente.
El proceso se ha llevado a cabo con la absoluta voluntad de respetar las leyes y los procedimientos previstos, los requisitos del derecho y de la defensa de los acusados. Con jueces y abogados competentes y debate público transparente. Se han escuchado testimonios muy autorizados, como el mencionado varias veces - durante el juicio y fuera del mismo – del periodista y escritor Paolo Mieli. La duración del proceso ha sido limitada, incluso breve, si también se toman en cuenta los dos meses empleados para la investigación informática solicitada por la defensa. (Primeros arrestos 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015; apertura del juicio 24 de noviembre de 2105, audiencias en total 21).
El Tribunal emitió la sentencia con plena autonomía y con una actitud, a la vez, de justicia y de clemencia,siguiendo el espíritu de renovación de la legislación penal deseado por Pablo VI en 1969. Como han entendido todos los que han seguido el proceso, el debate ha jugado un papel fundamental en el dictamen del Colegio, que no se ha basado en juicios preconcebidos, y ha desembocado también en sentencias de absolución de las cuales no se puede por menos que alegrarse.
Los fundamentos de la sentencia, que serán depositados en las próximas semanas, podrán conocerse.
Hay tres días de tiempo para que los acusados puedan presentar recurso.
Es de esperar –concluye el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede- que, a pesar de la tristeza que inevitablemente causa todo delito y su posterior proceso se puedan sacar las conclusiones y reflexiones útiles para prevenir que en futuro se repitan situaciones y eventos similares”.
